El proyecto también contempla la construcción de una nueva Estación Transformadora Chaparro y una línea de extra alta tensión de 500 kV de aproximadamente 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro.
Fuentes del ENRE explicaron a Letra P que la resolución publicada no implica una autorización definitiva sino la apertura del proceso administrativo para evaluar la obra.
enre.jpeg
“A través de la resolución se habilita a quien considere que la obra puede afectarlo o tenga objeciones a que realice su presentación ante el ente. A partir de esas presentaciones se puede convocar a una audiencia pública”, puntualizaron.
El regulador nacional también señaló que el concepto de prioridad de uso de la capacidad eléctrica está previsto en la normativa vigente. Según esa interpretación, cuando una empresa financia la ampliación o repotenciación de una línea puede recibir un reconocimiento en forma de prioridad sobre la capacidad adicional que genera la obra.
Ese esquema está contemplado en la resolución 311/2025 de la Secretaría de Energía y el porcentaje de prioridad que aparece en el expediente fue calculado por Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista.
El temor de otras empresas
A pesar de esas aclaraciones, compañías que también impulsan proyectos mineros en San Juan sostienen que la medida podría alterar las condiciones de acceso a la infraestructura energética.
enre san juan minería
Según esa mirada, el esquema generaría una ventaja significativa para Vicuña y obligaría a otros emprendimientos a negociar acuerdos privados o financiar nuevas ampliaciones para poder conectarse al sistema eléctrico.
“Se está otorgando al proyecto Vicuña el control operativo y una prioridad del 90% sobre la capacidad de transporte eléctrico en el norte de San Juan por los próximos 25 años”, advirtieron fuentes del sector minero que siguen de cerca el expediente.
Para esas empresas, el impacto no es menor. La disponibilidad de energía es una condición clave para la explotación de cobre a gran escala, ya que las operaciones mineras a cielo abierto requieren enormes volúmenes de electricidad para molienda, transporte y procesamiento del mineral.
En un contexto de fuerte competencia por inversiones globales, cualquier restricción en el acceso a la infraestructura energética puede alterar los costos y los plazos de los proyectos.
El nuevo mapa del cobre en San Juan
El conflicto se produce en medio de una carrera por desarrollar los grandes yacimientos de cobre de la cordillera sanjuanina, un mineral clave para la transición energética global.
San Juan concentra algunos de los proyectos más grandes de la Argentina y busca posicionarse como uno de los principales polos cupríferos de la región.
Entre ellos se destaca el propio proyecto Vicuña, que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. El consorcio formado por la angloaustraliana BHP y la canadiense Lundin Mining anunció inversiones iniciales que podrían superar los u$s 7000 millones, lo que lo convertiría en uno de los mayores desarrollos mineros del país.
No es el único jugador en la zona
Otro proyecto histórico es El Pachón, controlado por la multinacional suiza Glencore. Con reservas estimadas entre las más grandes del mundo, el emprendimiento se encuentra en fase de evaluación desde hace años y podría demandar inversiones por varios miles de millones de dólares si avanza hacia la etapa de construcción.
También aparece Los Azules, el proyecto de cobre de la empresa canadiense McEwen Mining. Este emprendimiento obtuvo recientemente la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno de Milei, un esquema que ofrece beneficios fiscales y cambiarios para atraer capitales a proyectos de gran escala.
La compañía calcula que el desarrollo de Los Azules requerirá unos u$s 3200 millones de inversión. Su ceo, Mike Meding, señaló recientemente desde Canadá que el proyecto avanza en la etapa técnica, aunque todavía se encuentra en la búsqueda del financiamiento necesario para iniciar la construcción.
En ese contexto, el acceso a la energía aparece como uno de los factores determinantes para que los proyectos puedan concretarse.
Las suspicacias políticas
En el ambiente político sanjuanino circula además una hipótesis que alimenta las suspicacias alrededor de la resolución del ENRE: el actual country director de Vicuña Argentina, José Morea, tuvo antecedentes en el Ministerio de Finanzas durante la gestión de Toto Caputo en el gobierno de Mauricio Macri.
Aunque no existen pruebas de un trato preferencial, ese dato es mencionado por actores del sector que cuestionan el posible direccionamiento de la decisión regulatoria.
La reacción del regulador provincial
La controversia escaló cuando el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan solicitó formalmente la convocatoria a una audiencia pública para analizar el proyecto.
En un comunicado oficial, el organismo explicó que la presentación se realizó “en ejercicio de sus competencias y en defensa del sistema eléctrico provincial”.
El directorio del EPRE planteó que la integración de grandes proyectos industriales debe realizarse con planificación técnica rigurosa para evitar impactos negativos en el servicio eléctrico.
“El objetivo es asegurar que la incorporación de grandes proyectos industriales se realice mediante una planificación técnica adecuada que no comprometa el servicio actual ni el crecimiento proyectado de la provincia”, señalaron.
El regulador provincial también advirtió que otorgar prioridades de uso sobre infraestructura existente sin la participación de la provincia podría afectar la seguridad del sistema eléctrico.
Además, pidió que cualquier ampliación de la red contemple mecanismos de compensación para la provincia y garantice que los usuarios sanjuaninos no enfrenten aumentos en sus facturas de electricidad.
El factor político
El episodio también genera ruido político para el gobernador Marcelo Orrego, uno de los mandatarios provinciales que mantiene una relación más alineada con el gobierno de Javier Milei.
Orrego Mineria.jpeg
San Juan apuesta fuerte al desarrollo del cobre y al desembarco de inversiones al amparo del RIGI, un esquema que el propio Orrego promovió como una oportunidad para acelerar proyectos mineros postergados durante años.
Sin embargo, la disputa entre compañías muestra que la competencia por la infraestructura y los beneficios regulatorios puede generar tensiones incluso dentro de un mismo sector.
La respuesta de Vicuña
Desde el proyecto Vicuña rechazaron las acusaciones de trato preferencial y aseguraron que el proceso sigue los procedimientos habituales del sistema eléctrico.
Fuentes de la compañía señalaron a Letra P que la interpretación de que la resolución otorga control sobre la red eléctrica provincial “es incorrecta”.
“Lo que publicó el ENRE no le da a Vicuña control sobre la infraestructura eléctrica de San Juan ni exclusividad sobre el sistema de transporte”, explicaron.
Según indicaron, se trata simplemente de la publicación de una solicitud de acceso y ampliación de la red, un paso administrativo obligatorio para cualquier proyecto que necesita conectarse al sistema eléctrico nacional.
vicuna-san-juan-1536×927.jpg
Las mismas fuentes recordaron que el sistema eléctrico argentino funciona bajo el principio de acceso abierto, lo que permite que cualquier emprendimiento solicite conexión a la red.
“Si la capacidad existente no alcanza, los proyectos pueden proponer y financiar ampliaciones de la infraestructura”, explicaron.
En ese esquema, cuando una empresa financia una ampliación específica del sistema puede obtener prioridad sobre la capacidad adicional que genera esa obra.
Pero esa prioridad —aclararon— se limita a la infraestructura nueva que financia la empresa y no implica exclusividad sobre toda la red eléctrica.
LetraP
