Los tribunales del país inauguraron este miércoles la temporada de pedidos de medidas cautelares que recibirán contra el decreto del presidente Javier Milei para designar en comisión al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García-Mansilla para ocupar las dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia.
La primera de ellas la presentó la asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), en una acción que pide la nulidad y la declaración de inconstitucionalidad del decreto simple del Gobierno. La presentación incluye una solicitud de una medida cautelar interina para suspender la toma de juramento de Lijo y García-Mansilla en el máximo tribunal.
La presentación de 104 páginas cayó por sorteo esta mañana en el juzgado federal con competencia civil y comercial N°4 de La Plata que comanda el juez Alberto Recondo. En sus argumentaciones, la asociación enfatizó que el decreto del Ejecutivo representa una “vulneración del principio de no concentración de poder” y “carece de la debida fundamentación”.
“Resulta desproporcionada la relación de la situación alegada con el daño institucional que genera, lo cual evidencia la arbitrariedad e inconstitucionalidad del mismo, asumiendo el Poder Ejecutivo facultades que le son regladas al poder legislativo en la búsqueda de consensos y control cruzado de facultades y deberes. En definitiva, arrogándose el Poder Ejecutivo facultades vedadas por la Constitución Nacional”, agrega la acción judicial.
Además, el Cepis advierte la existencia de «una situación de gravedad institucional que trasciende los casos particulares y se proyecta sobre el conjunto de la sociedad, afectando la credibilidad y la legitimidad del sistema de justicia en su conjunto». En ese sentido, remarca que «el Decreto 137/2025 instaura una modalidad de designación y actuación de magistrados que contraviene los principios de independencia judicial y estabilidad en el cargo».
A la vez, señala que «la precariedad y vulnerabilidad que se deriva de la designación en comisión, al habilitar la remoción de los magistrados por la misma vía, compromete la plena vigencia de la garantía de inamovilidad y afecta la capacidad de los jueces para ejercer sus funciones con independencia e imparcialidad».
La acción judicial contra las designaciones de Lijo y García-Mansilla
Antecedentes
Algo similar ocurrió en diciembre de 2015, cuando la ONG Abogados por la Justicia Social (AJUS) hizo una presentación similar a la del Cepis donde solicitó una medida cautelar para suspender el Decreto 83/2015 con el que el por ese entonces presidente Mauricio Macri designó «en comisión» a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces del máximo tribunal.
En ese momento, quien intervino fue el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, que el 23 de diciembre dictó una resolución donde ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de concretar los nombramientos hasta que se cumpliera el procedimiento constitucional regular, es decir, que el Senado prestara su acuerdo a los pliegos del Ejecutivo.
Entre los argumentos de Ramos Padilla, el magistrado señaló que el nombramiento en comisión era excepcional y no aplicable a la Corte Suprema, dado su rol como garante del equilibrio institucional, y remarcó que había un «peligro en la demora» si se permitía la integración sin el aval legislativo, afectando la legitimidad del tribunal.
Esa decisión no anuló directamente el decreto, pero lo frenó temporalmente, exigiendo que el Gobierno justificara su accionar y respetara el proceso ordinario. Finalmente, ante la presión recibida en los tribunales pero también en la opinión pública y la arena política, el Gobierno de Cambiemos envió en 2016 los pliegos de Rosenkrantz y Rosatti al Senado, que finalmente aprobó sus designaciones el 29 de junio de 2016.
MDZ
