El Gobierno definió que la reforma de la ley de glaciares que aprobó Diputados no tendrá modificaciones. Esa fue la bajada de línea que se llevó un grupo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que visitó este miércoles la Casa Rosada, luego de la convocatoria a dos audiencias públicas para que expongan especialistas.
El grupo fue liderado por Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, quien este miércoles coordinó el plenario para tratar el proyecto aprobado. Como explicó Letra P, el oficialismo tuvo que ceder a las presiones de la oposición y aceptó citar a audiencias el 25 y el 26 de marzo.
La fecha sorprendió hasta a los propios oficialistas que imaginaban un acuerdo para sancionar pronto la ley. Los números están justos: si se traslada el apoyo de las fuerzas que hubo en en el Senado, en Diputados se alcanza el cuórum por la mínima. El temor que hay en la Casa Rosada es que, aun con la norma puesta en vigencia, prosperen en Tribunales argumentos jurídicos para pedir su suspensión.
El discurso del Gobierno
Para aclarar el panorama, asesores jurídicos del gobierno, que responden a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, explicaron al contingente libertario de Diputados el discurso que necesitaban. La instrucción principal fue que debían tener claro que la reforma de la ley de glaciares tiene como fin defender el recurso hídrico. Sólo así podrían garantizar la mayoría y evitar una eventual judicialización.
Ocurre que los gobernadores de provincias mineras, promotores de la norma, piden la ley para garantizar inversiones y lo hicieron saber a través de sus representantes en el Senado. También hicieron esa relación senadores libertarios, algunos con frases obscenas, como el rionegrino Enzo Fullone, quien dijo que los glaciares son «rocas congeladas a 4000 metros que hoy no sirven para nada”.
En Balcarce 50 estallaron. «Con estas declaraciones, alimentamos las sospechas de que tenemos una ley para destruir el recurso hídrico, cuando en verdad lo único que estamos haciendo es darle más facultades a las provincias en esas protección», explicaron los abogados.
Los ejemplifican de esta manera: «La ley vigente permite que un glaciar o una área periglaciar se proteja por otros fines de una comunidad, hasta turísticos. Eso lo debe definir un gobernador», fue el mensaje del Ejecutivo, donde prefirieron que la norma llegue en un mes, en un proceso más limpio.
Audiencias en marcha
La oposición celebró la demora en el tratamiento de proyecto, aunque con posturas disímiles: el kirchenrismo y la izquierda consideraron inocua la audiencia pública, porque prefieren que no haya debate; mientras que la Coalición Cívica, Provincias Unidas y el peronismo blanco se entusiasmaron con estirar el debate.
Juan Brügge, de PU, fue uno de los promotores de la audiencia pública y este jueves sostuvo en declaraciones televisivas que el Senado debió haber esperado este proceso antes de votar. «No puede tomar una decisión sin haber cumplido con las obligaciones de escuchar a los sectores involucrados», sostuvo.
La obligación de hacer una audiencia pública para garantizar la participación de la ciudadanía surge de la Constitución, de la ley de Ambiente y del Acuerdo de Escazú, ratificado por el Congreso en 2020. Patricia Bullrich no la tuvo en cuenta y reunió los votos para la aprobación.
El temor de la Casa Rosada es que a partir de exposiciones de ambientalistas surjan propuestas de modificaciones y la negociación se empantane. Por eso bajó un discurso claro a sus diputados. Hasta ahora no lo había.
LetraP
