La agenda de marzo en la Unicameral volverá a estar atravesada por un tema incómodo para la política cordobesa: qué hacer con los “naranjitas”. Tras un diciembre cruzado por la interna del PJ y la presión de la Iglesia, que terminó por frenar la prohibición, el oficialismo y la oposición retomaron contactos para preparar el terreno del debate que deberá encauzar la comisión de Seguridad a cargo de Juan Manuel Llamosas. Si no hay convocatoria esta semana, será la próxima. La oposición ya avisó que no aceptará más dilaciones.
El contexto empuja. La seguidilla de episodios de violencia urbana y delitos en el Centro, Nueva Córdoba y otros puntos de la Capital reavivaron el malestar social y volvieron a instalar el tema en la agenda mediática. “En febrero hubo cierta anuencia para plancharlo para que el PJ arregle su interna, pero ahora en marzo hay que avanzar. La conflictividad está creciendo”, aportó un opositor. En el Ministerio de Seguridad sostienen que los operativos funcionan; del otro lado retrucan: “Todos los días tenés un titulo con esto”.
Los números oficiales de 2026 muestran que el fenómeno es de la Capital. Por delitos, los barrios con más detenidos son Centro (12), Nueva Córdoba (10), Güemes (9), Alberdi (7), General Paz (5) y otros (11), con un total de 54 casos. Por infracciones al Código de Convivencia, Nueva Córdoba encabeza con 22 detenciones, seguido por Centro y Cerro de las Rosas (4 cada uno), Alberdi y Güemes (3 cada uno), y otros (18) también con 54 en total. En el interior, en cambio, el problema es marginal y aparece ligado a polos turísticos o eventos masivos.
El reclamo, admiten en distintos bloques, es esencialmente capitalino.
En el oficialismo avanzarán “con pie de plomo”. “No hay apuro”, deslizan en el Panal, aunque el malhumor social pesa. La hoja de ruta oficial combina dos carriles: reactivar la discusión sobre cuidacoches y limpiavidrios y, en paralelo, avanzar con la ley de protección integral de víctimas de delito —la “ley Joaquín”— anunciada por el gobernador Martín Llaryora en la apertura de sesiones.
Con esa iniciativa, el Ejecutivo busca reequilibrar la agenda de seguridad con un enfoque centrado en la víctima, mientras en paralelo intenta ordenar el debate sobre el uso del espacio público.
El meollo político
En comisión convivirán al menos cuatro proyectos que expresan, en el fondo, dos miradas sobre el rol del Estado. El más antiguo, presentado en 2024 por Gregorio Hernández Maqueda, va por la prohibición total de cuidacoches y limpiavidrios. En esa línea también se inscribe Agustín Spaccesi, que reclama reforzar el control del espacio público con una postura de mano dura.
En el otro andarivel se ubican las iniciativas de Oscar Agost Carreño (PRO), de los radicales Matías Gvozdenovich e Inés Contrera y de Dante Rossi junto a Patricia Botta. Todos apuntan a modificar la Ley 10.360 (Código de Convivencia) para regular la actividad bajo control municipal, habilitando únicamente a quienes cuenten con autorización y sancionando a los que operen sin aval.
El eje común de los proyectos regulatorios es claro: reglas fijadas por cada municipio, prohibición de los “truchos” y sanciones que pueden ir desde multas hasta trabajo comunitario o arresto ante violencia o cobro compulsivo.
La propuesta radical agrega la reconversión laboral y plantea la intervención de los ministerios de Cooperativas y de Desarrollo Social para formalizar la actividad y acompañar una transición ordenada. En ese marco, el oficialismo observa con buenos ojos el proyecto de Agost Carreño, que comparte puntos centrales con la iniciativa de la UCR. Ese encuadre le permite al PJ sostener la bandera de la autonomía municipal como eje político del debate y, al mismo tiempo, tomar distancia de la prohibición que fogonea el ala dura.
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Las posiciones
“Nuestra posición es clara desde enero de 2023: prohibición total y absoluta. Punto. Ni legales ni ilegales. Chau a las cooperativas”, aseveró Hernández Maqueda, y cuestionó a los “oportunistas que hoy se suben al tren”, cuando en la época k “era imposible hablar del tema”. Para el liberal mileista, la discusión exige una señal política contundente: “Lo importante es que salga una ley clara que mejore la calidad de vida de los cuatro millones de cordobeses”.
En el PRO, Agost Carreño se desmarca de la prohibición, pero exige respaldo efectivo. “Si alguien cobra por estacionar o limpiar vidrios sin habilitación municipal, la Policía tiene que actuar sin excusas”, dijo. Y rechazó que el debate implique criminalizar la pobreza: “Estamos discutiendo orden”. “O el municipio regula con reglas claras según sus particularidades, o el cobro es abuso y debe ser sancionado. La calle no puede seguir funcionando con reglas informales”, cerró.
Rossi también descarta la prohibición como salida estructural. “Frente a la crisis, la solución no es prohibir sino regular”, planteó. Su proyecto declara la emergencia y propone una reubicación provisoria por ocho meses para quienes acrediten buena conducta, con un esquema tarifado —$500 la hora y $2.500 en espectáculos públicos— mientras se los incorpora a programas de empleo y capacitación. “La idea es ordenar y eliminar la actividad al cumplirse el plazo”, explicó.
En la UCR, Alejandra Ferrero ratificó la postura: prohibir a los cuidacoches ilegales y sostener un esquema regulado para quienes trabajen en cooperativas habilitadas. “Apoyamos la prohibición de los ilegales y proponemos un plan de contención y reinserción laboral”, señaló. Y subrayó: “Necesitamos un plan que vincule a estos sectores con el mercado laboral”.
El juecismo, en tanto, rechazó la prohibición total. “No vamos a criminalizar la pobreza ni a estigmatizar a los naranjitas nucleados en cooperativas”, afirmó Daniel Juez, aunque diferenció a “los pícaros que usan un chaleco naranja para cometer delitos”. Recordó la experiencia municipal de cooperativas durante la gestión de Luis Juez, reconoció la lucha de los naranjitas ante “un trabajo precario” y pidió una mesa amplia para transparentar y relevar el sistema.
Lo que viene
Con posiciones firmes y un oficialismo obligado a ordenar su propia interna, el debate no será sólo técnico sino político: cómo responder a un reclamo social creciente sin abrir un frente de conflicto social mayor. La Iglesia ya fue contactada para acercar posiciones. La incógnita es si el PJ logrará articular una mayoría en torno a la regulación —hoy aparece con más volumen— o si la presión por la prohibición total volverá a empantanar la discusión. Marzo asoma, esta vez, como el mes de la definición.
Perfil Córdoba
