La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó el traslado de más de 400 presos condenados desde comisarías y alcaidías porteñas hacia cárceles federales. La medida fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°23, a cargo del juez Norberto Circo, en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
La resolución se fundamenta en la grave crisis de sobrepoblación en dependencias policiales de la Ciudad, donde actualmente hay 2.455 detenidos. Según datos judiciales, 411 presos cumplen con los requisitos para ingresar al sistema penitenciario federal. De ese total, 347 están bajo la órbita de la justicia nacional, 57 bajo la justicia porteña, cinco bajo la justicia federal y dos bajo la justicia bonaerense. Además, 181 de ellos tienen sentencia firme.
El fallo destaca que, si bien los derechos de los reclusos están restringidos debido a su situación legal, esto no justifica que permanezcan en condiciones inadecuadas dentro de comisarías y alcaidías. En ese sentido, el juez Circo señaló que el habeas corpus es un mecanismo válido para intervenir cuando la libertad física de los detenidos se encuentra vulnerada, restringida o amenazada.
El magistrado argumentó que la acción judicial debe abordarse de manera colectiva, más allá de que los internos estén bajo la jurisdicción de distintos jueces. Según el fallo, esta perspectiva permite dar una respuesta integral al problema del hacinamiento y garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad en la Ciudad.
Crisis de sobrepoblación en comisarías y alcaidías
A finales de enero, el gobierno porteño informó que la cantidad de detenidos en comisarías y alcaidías aumentó de 60 en 2020 a más de 2.200 en la actualidad. Este incremento se produjo luego de que, hace cuatro años, se suspendieran los traslados a cárceles federales.
En su resolución, el juez Circo subrayó que la superpoblación carcelaria genera condiciones que pueden considerarse inhumanas y que es responsabilidad del Estado garantizar espacios adecuados para la reclusión de los condenados.
El fallo también menciona que la capacidad de las alcaidías y comisarías de la Ciudad no está diseñada para alojar internos de manera prolongada, lo que agrava la situación y aumenta los riesgos de conflicto dentro de los centros de detención.
MDZ
