Javier Milei le envió un mensaje muy sentido al hombre que, por un video, se había hecho viral. “Felicitaciones, muy real lo que decís!”, expresó. El problema es que el mensaje estaba dirigido a Dicky del Solar, que no es una persona, sino un personaje grotesco interpretado por el humorista Ezequiel Campa. Esa característica especial de mezclar ficción con realidad no es la única particularidad del Presidente. El papelón de haber promocionado desde su cuenta de redes sociales, el mismo medio que usa para comunicaciones oficiales, un token de «Libra», una criptomoneda fantasma, generando en pocos minutos un fraude de 70 millones de dólares, parece cruzar líneas y mete al discurso presidencial más allá de lo verdadero, lo verosímil, lo fantasioso y lo vidrioso desde el punto de vista legal. Esa impronta genera una inestabilidad sobre las decisiones presidenciales difícil de medir.
La caja de sorpresas que representa el Javier Milei trasciende lo anecdótico e influye en la vida cotidiana. Los gobernadores e intendentes aún están en shock por otro anuncio que le pega de lleno a los recursos propios. Con aires celebrativos el vocero Manuel Adorni anunció el viernes que cualquier ciudadano que compre un auto podrá elegir dónde patentarlo, con la idea de que sea en el sitio que menos impuestos se pague.
Es justo lo contrario a lo que en Mendoza se intentó deshacer para mejorar la recaudación. Esa medida genera una simpatía enorme en los propietarios de vehículos, sobre todos quienes tienen grades flotas y autos de lujo. Pero pasa todo lo contrario en el Ministerio de Hacienda y en los municipios, que se quedan con el 70 por ciento de lo que se recauda por impuesto automotor. Volverá con la medida esa increíble tendencia de radicar vehículos en Perico, Jujuy, en Senillosa, Neuquén, o en algunas comunas de San Luis que tenían muchos más vehículos que habitantes por lo bajo de sus impuestos. Y el agujero quedará en las provincias donde esos autos, camiones y colectivos circulan y gastan.
Hasta ahora el Presidente ha recurrido a deshojar a los estados subnacionales, quitando toda vinculación de la Nación; pero sin dejar de recaudar. Menos aún a accedido a compartir recursos que siguen quedándose en un Estado con cada vez menos responsabilidad, pero la misma cantidad de recaudación. Esa ecuación inquieta, pero por ahora ningún gobernador se anima a levantar la voz por temor. La impronta iracunda del hombre más poderoso de Argentina genera eso y repele cuestionamientos de otros hombres y mujeres del poder, que eligen masticar bronca aún con decisiones difíciles de digerir.
Alfredo Cornejo estuvo en contacto con el Gobierno nacional mientras estaba en Francia. Para la foto terminó como un actor secundario en un hecho trascendente que aún tiene un camino incierto. Se trata de la privatización de IMPSA, empresa por la que el oficialismo local estuvo en una especie de montaña rusa de posiciones. Cambia Mendoza y Cornejo estuvieron junto a Enrique Pescarmona, aún cuando muchos recuerdan su histórico apoyo a Celso Jaque en 2007 de la mano de Juan Carlos Mazzón, también fue clave en la estatización y se aggiornó el discurso para la privatización, obviando los fuertes cuestionamientos de la actual gestión nacional a ese proceso.
La decisión de firmar el contrato de cesión de acciones se tomó con Cornejo en viaje porque corría riesgo de caerse, tras durísimas negociaciones con la empresa adquiriente. Se trata de una firma radicada en Estados Unidos, pero donde muchos hablan español con acento venezolano y que tiene gran arraigo en Miami y sus directivos conocen a varios mendocinos. Luego de dar la vuelta al mundo en búsqueda de interesados, IMPSA quedará en manos de los únicos interesados, ARC Energy y el fondo que reestructurará la deuda, que tiene contactos con otros empresarios, como José Luis Manzano, actual propietario de Potasio Río Colorado.
IMPSA, la revancha de Cornejo y el cobre
Cornejo tendrá su revancha. A su retorno, habrá un nuevo acto para oficializar el traspaso de las acciones. Será el viernes en la sede de IMPSA. Allí se montará otro operativo, con los mismos funcionarios nacionales y los empresarios. Pero con el Gobernador como protagonista. Difícilmente sea un escenario para que el Gobernador plantee discrepancias públicas con Milei, a pesar de que se suman motivos. En cambio, podrá empatizar con otros temas, como ficha limpia y reiterancia, los dos proyectos que Mendoza lideró y tiene vigentes antes que la Nación. Una de las dudas que incomoda en la agenda compartida es la postura frente a la postulación de Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema. Los dos votos que “maneja” Cornejo (Suarez y Jury) en el Senado podrían ser fundamentales.
En la agenda tangible de Mendoza y con influencia en el largo plazo está la minería, otra vez, con el impulso al proyecto San Jorge, que busca extraer cobre de Uspallata. Esa localidad es la que más recursos minerales tiene, pero su cercanía con el Gran Mendoza y el cruce de intereses complicó siempre la explotación. San Jorge renovó el proyecto e inició un camino largo. La aprobación de la nueva DIA podría llevar varios meses; al menos es lo que han tardado en otras provincias y lo que requiere para no chocar como ocurrió en 2011. Si avanza, la convivencia será extensa: la construcción de la mina demandaría dos años; se prevén 16 años de explotación (con altas posibilidades de que se extienda) y no menos de 5 años de cierre. Es decir, San Jorge podría “convivir” más de dos décadas largas si el proyecto avanza.
Compite con otros de envergadura mayor para ser la primera mina de “la era del cobre” en Argentina. Antes, hay mucho por recorrer. Además de la travesía legal, ambiental y social, los dueños del proyecto también necesitarán financiamiento para cubrir los casi 600 millones de dólares que requiere. Por eso en el mediano plazo es altamente probable que se sumen socios que tengan más experiencia en la operación de minas, como ocurre habitualmente en la minería. Para ello es clave la confianza, la gestión a largo plazo y la seguridad jurídica. Mendoza está en la lista “roja” para los inversores mineros. Es más, ni siquiera está en la lista. Cornejo se propuso revertir esa situación. La provincia, en cambio, tiene varias ventajas comparativas en otros rubros.
Las mieles que seducen al Gobierno y al sistema productivo de Mendoza tienen que ver con el impacto económico que promete PSJ. Según la DIA, ”el PSJ generará un Valor Bruto de Producción (VBP) total de USD 5.842 millones”, con un promedio de aporte anual de USD365 millones. Un millón de dólares por día, aumentando el PBG de Mendoza en 1,90 % subiendo las exportaciones un 27,82 %. “Además de las regalías, se prevé que el proyecto dinamice la economía local, aumentando la recaudación por impuestos relacionados con actividades comerciales, laborales e industriales asociadas a la actividad minería. La Administración Pública Nacional y la Provincia de Mendoza recibirán, respectivamente, US$ 840,32 millones y US$ 288,64 millones en ingresos derivados del PSJ”, prometen.
Los impactos ambientales y sociales negativos están descriptos también en el IIA, como explicó MDZ. Y el primer camino a recorrer es ese: garantizar que Mendoza puede encarar un proyecto de explotación minera virtuoso, que supere las malas experiencias vividas en el pasado con Potasio Río Colorado (abandonado) y Sierra Pintada (cuyo saneamiento está frenado).
Hay varias paradojas en el camino de promoción de la minería como actividad económica. Mientras se avanza en ese sentido, hay poca siembra de recursos a futuro. Es que, por ejemplo, hay bajísima matriculación de aspirantes en todas las carreras afines a las actividades productivas que requieren valor agregado. Se nota en las carreras de ingeniería y también en tecnicaturas específicas, como las ofrecidas por el ITU. Hay sobredemanda, en cambio, de inscripción para convertirse en abogados. No es casual: casi todas las actividades en Mendoza han estado teñidas por los litigios, más que por la producción; se dirimieron más en Tribunales que en la comunidad.
MDZ
