En el marco de las causas por corrupción, la Justicia dispuso un informe socio‑ambiental para evaluar si el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner cumple con los requisitos para una eventual prisión domiciliaria. El estudio, ordenado por uno de los fiscales federales responsables, busca determinar condiciones de salubridad, habitabilidad y accesibilidad del inmueble.
La vicepresidenta se presentó voluntariamente a Comodoro Py, donde se registraron sus huellas digitales y declaró ante la autoridad encargada del análisis, sin la presencia del juez Bonadio. El trámite, respaldado por su abogado Carlos Beraldi, implicó una media hora de revisión administrativa, como consta en el registro oficial.
Aunque el contenido específico del informe no fue difundido, estas evaluaciones suelen incluir inspecciones técnicas del inmueble —iluminación, ventilación, estado sanitario— y entrevistas al interesado. El fin es garantizar que, de concederse la domiciliaria, no habría riesgos para la salud ni obstáculos logísticos que impidan su cumplimiento eficaz.
El resultado del informe socio‑ambiental será clave para que la Justicia defina si Cristina Kirchner puede optar por cumplir su condena en su domicilio, en caso de que su pena quede firme. Este paso se encuadra en los protocolos que permiten esta medida para personas mayores de 70 años y con condiciones médicas específicas establecidas por ley.
Diario Huarpe
