En una de las sesiones más importantes del año, la Cámara de Diputados volvió a la carga con propuestas de mejoras para jubilados y una alternativa para aquellos trabajadores que no completaron los 30 años de aporte. La oposición superó el principal desafío de la sesión al alcanzar el quorum, en medio de una movilización masiva en las inmediaciones del Congreso. Al finalizar la votación, se debatirá la emergencia para discapacidad.
Entre las propuestas, hay dos que apuntan a inyectar un aumento directo a los ingresos jubilatorios. Uno busca darle un incremento excepcional del 7,2% a todas las escalas previsionales, para compensar el congelamiento que tuvieron las jubilaciones en marzo del 2024, mes que se estableció el nuevo esquema por decreto. El otro discute una actualización del bono de $70.000 (valor congelado desde el gobierno de Alberto Fernández) para llevarlo a $105.000 o $115.000, cifras que se encuentran en debate.
Las otras líneas de debate piden saldar la deuda de las cajas provisionales provinciales y tienen la intención de darle una respuesta a los trabajadores con edad jubilatoria (60 años para mujeres y 65 para varones) pero menos de 30 años de aportes, tras el fin de la moratoria previsional en marzo de 2025. El peronismo busca prorrogar el esquema que ya existía hasta diciembre del 2027, pero aportaría sus votos a las bancadas consideradas dialoguistas si consigue mayor grado de acuerdo un esquema de prestaciones proporcionales para garantizar sumas porcentuales por cada año de aporte. Se estima que cualquier sistema alcanzaría a más de 240.000 personas este año.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un costo fiscal del 0,084% del PBI para el primer año de la moratoria previsional y 0,081% para el segundo, además de un 0,3% del PBI en el incremento del bono. El argumento oficialista reitera la irregularidad de las propuestas de bonos y moratoria, además de hacer énfasis en el gasto que implican estas medidas, con cálculos distintos difundidos por Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados: 0,35% del PBI en el bono y 0,2% de la moratoria.
A diferencia de hace dos semanas, el quorum se alcanzó por la participación de los legisladores que responden a las gobernaciones de Córdoba y Santiago del Estero. Junto a ellos, respaldarían las mejoras previsionales Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Independencia y un sector de Innovación Federal y la Unión Cívica Radical. Aunque aún faltaría el tratamiento de Senado, las dudas del armado opositor está en el veto presidencial, que ya fue anticipado por el Gobierno nacional: para revertirlo, precisan dos tercios del recinto.
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Diputados discutió mejoras en jubilaciones
En el debate por los proyectos previsionales, el mendocino Lisandro Nieri (UCR) anticipó que «consideramos mucho mejor la proporcionalidad para que vaya desde la PUAN hasta una jubilación mínima en función de los años aportados» y apuntó que «el año pasado el gasto en Argentina cayó en términos reales casi un 26 %, las jubilaciones explicaron la tercera parte de este esfuerzo». «Plata hay, tenemos que ponernos de acuerdo en como lo priorizamos», pidió.
Desde el peronismo, el riojano Ricardo Herrera (Unión por la Patria) destacó que la moratoria previsional «es el proyecto que menos impacto fiscal tiene» y contrastó la situación de los trabajadores que no tuvieron aportes previsionales con los evasores fiscales: «Hay que darle mayor equidad a ese concepto tan parcial de justicia que tienen en el gobierno nacional». Su compañero de bloque, el porteño Itaí Hagman, desmintió que «por culpa de las moratorias las personas que sí aportaron cobran jubilaciones peores»: «Eso es absolutamente falso por la forma en que hoy se financia el sistema previsional argentino, que no se hace sólo con contribuciones».
Otros de los autores de los proyectos, el bonaerense Nicolás Massot (Encuentro Federal), aseguró «no hay intento de complicar al gobierno, ni el equilibrio fiscal, ni nada de esos slogans que se repiten de manera irreflexiva permanentemente», pero «vamos a querer opinar de cómo se logra ese equilibrio fiscal«. «No hay una intencionalidad diferente a debatir por la plata que sí hay y que recurrentemente de manera discrecional y a decretazos se le asigna a reducciones impositivas de altos patrimonios, a blanqueos recurrentes», añadió.
A su turno, el rionegrino Sergio Capozzi (PRO) entendió que la moratoria «perforó el sistema» y que se trató de una «medida populista que impactó sobre los que sí hicieron los aportes». Además entendió que «si hay evasión, es de las dos partes. No tratemos más a los trabajadores como que no tiene capacidad de discernir de la criminalidad de sus actos». Tras ello, pidió «una reforma de fondo», constituyendo una comisión de expertos para trazar un nuevo proyecto y actualizar las leyes laborales.
Otra intervención del oficialismo provino del bonaerense Santiago Santurio (La Libertad Avanza) que criticó la gestión previsional del peronismo y reivindicó el actual modelo: «Necesitamos bajar impuestos para que emprender sea una posibilidad en la Argentina y generar riqueza, para generar ahorro, inversión, producción y trabajo. Esa es la manera para salir, no aumentar el gasto de manera inconsciente e irresponsable».
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