La Cámara de Diputados aprobó el proyecto oficial de Ficha Limpia, que prohíbe ser candidatos y funcionarios públicos a las personas que tengan condenas por delitos relacionados con la administración pública. Hubo varias improntas mendocinas en el tema, que ahora pasa al Senado, cámara en la que podría tener una suerte distinta: el PJ tiene más presencia y podría bochar el plan.
El proyecto fue tomado de un despacho antiguo y el que lo adecuó fue el ministro de Defensa Luis Petri. El mendocino tiene experiencia legislativa y tomó el pedido de Javier Milei como un desafío particular. El Presidente dio un vuelco con el tema, pues en las sesiones ordinarias el oficialismo había bajado el pulgar al impulso que le habían dado el Pro y la UCR.
Mendoza es, en paralelo, una de las provincias que tiene «ficha limpia«, pero con un concepto más riguroso: incluye más delitos en la lisa de prohibiciones y más facilidad de bloqueo para acceder a candidaturas. Justamente hay una particularidad: los legisladores peronistas de Mendoza que se opusieron tomaron esa idea como argumento; es decir que se sumen más delitos como freno a las candidaturas.
Diferencias
El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados es distinto y más laxo que el de Mendoza. En la Nación se busca que no puedan ser candidatos quienes tengan condena en segunda instancia por haber cometido delitos contra la administración pública. Si bien se elimina la idea de «condena firme», que implicaba sentencia de la Corte, se pone como mínimo una ratificación de cámara. Y se restringe a delitos relacionados con la función pública solamente. Sí se suma la prohibición para ser funcionario del Poder Ejecutivo también y se pone un tope temporal para esas condenas, con la idea de que no haya condenas exprés bajo presión los años electorales. Ese límite se llevó en el proyecto aprobado a 180 días antes de la elección (cuando se cierran los padrones provisorios).
En Mendoza la Ficha Limpia es mucho más dura. En primer lugar, la prohibición corre para todos los que tengan condena en primera instancia, pues la norma menciona que no pueden ser candidatos quienes tengan condenas «aunque la sentencia no se encuentre firme». Pero esas condenas deberían ser privativas de la libertad.
La otra diferencia es que se incluyen muchos más delitos y no solo los relacionados con la corrupción. » a) Delitos contra la administración pública y se suman delitos contra el orden económico, contra la integridad sexual, delitos contra las personas, contra la libertad y hasta contra el estado civil.
Los partidos políticos deberían ser el primer filtro, pero la junta electoral luego ejerce un control. Si se aprueba la ley nacional, habría personas que no podrían ser candidatos a concejales, legisladores provinciales, a gobernador e intendente. Pero sí a legisladores nacionales o hasta presidente; pues la norma nacional sería más laxa.
Siete de los diez legisladores mendocinos apoyaron el proyecto. Los legisladores de La Libertad Avanza «puros», como Correa Llano y Mercedes Llano, levantaron la mano a favor, igual que la ex representante de ese espacio, Lourdes Arrieta. Lo mismo hizo Álvaro Martínez, del Pro demarchista. Los radicales Julio Cobos, Pamela Verasay y Lisandro Nieri también apoyaron la media sanción. Liliana Paponet, Martín Aveiro y Adolfo Bermejo se alinearon con la postura mayoritaria del PJ y votaron en contra, aunque cada uno con argumentos distintos.
MDZ
