Entre tantos de los asuntos heredados por la actual gestión de Gobierno que encabeza Marcelo Orrego uno de ellos es la acumulación, hasta casi el colapso, del predio ubicado en 9 de Julio, en dónde se alojan los vehículos (Autos, motos y bicicletas) que fueron radiados por infracciones de tránsito. Actualmente, según lo dijo el secretario de Gobierno Juan Dubos, hay acumulados 3.000 vehículos a la espera de ser compactados para liberar el espacio y también para cumplir con la ley. Ante esto, el funcionario dijo que están preparados los pasos legales para cumplir con esta deuda que dejó la gestión pasada.
El predio en cuestión alberga automotores que han llegado allí por diversas razones: algunos son el resultado de hechos delictivos, mientras que otros provienen de infracciones que no fueron resueltas por sus propietarios. Según el secretario de Gobierno, “ha sido un poco lento todo este trámite para poder terminar con las individualizaciones de cada uno de los vehículos. Entiendo que ya estamos en el último inventario, el que hace la Policía, y estaríamos sacando el edicto seguramente entre los dos primeros meses del año que viene para poder ya iniciar el proceso licitatorio».
El edicto mencionado será el último aviso para los propietarios que deseen recuperar sus vehículos. Si no manifiestan su intención de hacerlo, perderán automáticamente la propiedad, lo que permitirá que las unidades pasen a la fase de compactación.
Dubos detalló que actualmente hay entre 2.700 y 3.000 vehículos acumulados, una cifra que, sumada a las bicicletas y otros medios de transporte menores, eleva significativamente el total. Este inventario refleja años de acumulación que no pudieron ser resueltos en tiempo y forma.
El secretario señaló que el objetivo para este 2025 es que haya, al menos, dos procesos de compactación. Estas acciones cubrirían el déficit generado por las compactaciones que debían realizarse en 2020 y 2021, pero que no se concretaron debido a diversos factores administrativos y logísticos. «La idea es poder acelerar este proceso y que el año que viene podamos hacer por lo menos dos compactaciones».
Uno de los principales desafíos para la gestión de estos vehículos radica en las restricciones legales. La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó que no todos los vehículos acumulados pueden ser compactados, ya que muchos están sujetos a órdenes del Poder Judicial. “Actualmente, hay unidades que están por orden del Poder Judicial y esas no pueden entrar en el proceso de compactación. Solamente nosotros tomamos injerencia con aquellas que estén por la Justicia de Faltas».
Por los dichos de ambos funcionarios del Ministerio de Gobierno, la deuda que recibieron por no compactar los vehículos en el 2020 y 2021, tendrá resolución en los próximos meses, ya que existen normativas legales vinculadas con lo ambiental que deben respetarse.
Diario Huarpe
