La Oficina Anticorrupción (OA) investigará si el presidente Javier Milei incumplió la Ley de Ética Pública (N° 25.188) tras la promoción de la criptomoneda $Libra. En caso de detectar irregularidades, el organismo podría presentar una denuncia penal ante la Justicia.
El escándalo estalló el 14 de febrero cuando Milei usó sus redes para alentar la participación en el «Viva la Libertad Project», de la empresa KIP Protocol. Esto disparó el valor de la moneda digital de US$ 0,000001 a US$ 5,20 antes de su colapso, luego de que los desarrolladores abandonaran el proyecto y retiraran fondos de los inversores.
Con más de 24 horas de demora, la Oficina del Presidente anunció la intervención de la OA, dirigida por Alejandro Melik, para determinar si hubo una conducta impropia de funcionarios, incluido Milei. Desde la Casa Rosada descartaron consecuencias políticas y aseguraron que no existen maniobras ilícitas ni dolo en la acción del mandatario.
La OA examinará posibles violaciones al artículo 2, inciso G de la Ley de Ética Pública, que prohíbe a funcionarios usar recursos estatales para beneficiar a allegados o promover productos. Además, analizará el vínculo del presidente con empresarios como Hayden Mark Davis, CEO de KIP Protocol, Julián Peh, y el trader Mauricio Novelli, quienes participaron en encuentros con Milei y otros funcionarios.
La Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que agrupa organismos especializados en criptoactivos y lavado de dinero, colaborará en la pesquisa. También se evaluará si la publicidad de Milei en redes encaja en figuras penales y, de ser así, se elevará una denuncia judicial.
Expertos en derecho constitucional, como Félix Lonigro y Andrés Gil Domínguez, cuestionaron la autonomía de la OA al depender del Ejecutivo. Lonigro calificó la investigación como una «medida para la tribuna» y sugirió que el Congreso impulse una comisión independiente. Gil Domínguez, por su parte, destacó que el Código Penal castiga a funcionarios que intervengan en operaciones en beneficio propio o de terceros (art. 265).
A pesar de los cuestionamientos, desde el Gobierno descartan avances en un juicio político y confían en que la investigación de la OA concluirá sin consecuencias para el presidente.
MDZ
