El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) revocó este lunes un permiso de ocupación que la comunidad del pueblo Qom tenía sobre un territorio en la localidad de Makallé, provincia del Chaco, luego de que una copropietaria del inmueble alegara irregularidades en el proceso original.
El Gobierno tomó la decisión a través de la Resolución 5/2025 publicada esta mañana en el Boletín Oficial, donde se dejó sin efecto un acto administrativo con fecha del 9 de mayo del 2023 que reconocía la ocupación actual, tradicional y pública de tierras por parte de la Asociación Civil Comunidad Indígena “Añi Alba de Colonia 54 Nagui Aiem».
La medida surgió a partir de un planteo de nulidad presentado por Mariel Luisa Crespo, quien sostiene ser copropietaria del inmueble y aseguró que durante la adjudicación de tierras a la comunidad se violó «el debido proceso, su derecho de defensa y el plazo razonable de su parte».
De acuerdo a la resolución, Crespo argumentó en su presentación que el procedimiento omitió la incorporación de documentación relevante que podría haber alterado el resultado del relevamiento técnico, jurídico y catastral. En ese sentido, el INAI determinó que el relevamiento original omitió «incorporar circunstancias objetivas y elementos fundamentales, y que de haberlo hecho en tal sentido no se hubiesen relevado y georreferenciado parte del inmueble identificado como Lote 175, propiedad de la presentante».
Es decir, si se hubieran tenido en cuenta estos elementos, los terrenos de Crespo no habrían sido considerados parte de la propiedad de la comunidad qom, asegura el texto.
Además, la resolución instruyó al organismo con competencia indígena de la provincia de Chaco a resolver el planteo de «inexistencia de la comunidad indígena como sujto de derecho, su denominación y localización» vinculado al caso, que también incluye una «supuesta discordancia en el número de integrantes de las comunidades indígenas».
Para concluir, el organismo le dio «oportuna intervención» a la provincia del Chaco «a través de sus organismos competentes, a fin de que adopten las acciones conducentes y tomen las intervenciones que resulten necesarias» para llevar a cabo el contenido de la resolución.
La resolución completa
Autorización de desalojos
El 10 de diciembre pasado el Gobierno puso fin a la emergencia en tierras indígenas y habilitó a las fuerzas de seguridad a avanzar cuando fuera necesario con los desalojos de territorios ocupados bajo el amparo de la Ley N° 26.160 de emergencia territorial y su prórroga con el decreto 805/2021.
El argumento del Ejecutivo fue que «se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas, las cuales en muchos casos se fragmentan tornando inoficioso el objetivo para el cual fue inicialmente prevista la declaración de emergencia».
Las autoridades justificaron la medida al considerar «excesiva» la prórroga de la emergencia y aseguraron que esto «ha dado lugar a una larga serie de acciones que, en connivencia con grupos amparados circunstancialmente bajo normativa aplicable a pueblos indígenas, avasallaron los derechos de la ciudadanía y agraviaron las prerrogativas soberanas del Estado».
En ese sentido, señalaron que «la situación se ha agravado debido al incremento de inscripciones de comunidades indígenas en los respectivos registros, sin cumplir las mínimas condiciones para que los peticionantes sean reconocidos como comunidades indígenas autóctonas».
En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, supervisó a principios de enero el primer operativo de desalojo a una comunidad indígena llevado a cabo por la Policía Federal Argentina. Se trató de la seccional El Maitenal, ubicada en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, que desde 2020 estaba ocupada por el grupo mapuche Lof Paillako.
“Durante 18 años, en Argentina se usurpaba impunemente, y la usurpación prácticamente se había legalizado», manifestó Bullrich en ese entonces, y enfatizó: «La propiedad privada había perdido su valor. Luchamos durante muchos años para poner fin a la Ley 26.160, y este gobierno lo logró. Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la que en Argentina reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”.
MDZ
