A través del Decreto 340/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo introdujo modificaciones sustanciales al régimen de protestas laborales, ampliando significativamente la cantidad de actividades consideradas como servicios esenciales y estableciendo porcentajes mínimos de prestación obligatoria durante medidas de fuerza. La norma, incluida en un paquete de medidas que también desregula el transporte marítimo, ha generado un inmediato rechazo por parte de las organizaciones sindicales.
El texto legal modifica el artículo 24 de la Ley 25.877 de Negociación Colectiva, estableciendo que en los servicios catalogados como esenciales deberá garantizarse al menos el 75% de la operatividad normal durante cualquier conflicto laboral. Para las actividades calificadas como «de importancia trascendental», el piso mínimo se fija en el 50% de la prestación habitual. Entre las novedades más relevantes se destaca la incorporación como servicios esenciales de las telecomunicaciones (incluyendo internet y servicios satelitales), el transporte marítimo y fluvial con todos sus servicios conexos, los trámites aduaneros y migratorios, así como los niveles educativos desde guarderías hasta secundaria.
El sector privado también se ve afectado por estas modificaciones, ya que se consideran ahora de importancia trascendental actividades como la industria alimenticia en toda su cadena de valor, los servicios bancarios y financieros, la hotelería y gastronomía, el comercio electrónico y toda producción vinculada a compromisos de exportación. Estas determinaciones se suman a los servicios tradicionalmente considerados esenciales como la salud, la energía y el transporte público.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) calificaron la medida como «un cercenamiento a un derecho constitucional», anunciando que analizan acciones legales contra lo que consideran una restricción desmedida a la herramienta de protesta laboral. Por su parte, el Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de proteger el funcionamiento de actividades críticas para la población y la economía, argumentando que se ajusta a parámetros internacionales en materia laboral.
Expertos en derecho del trabajo anticipan que la norma podría enfrentar recursos judiciales por posibles incompatibilidades con convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con principios constitucionales. Mientras tanto, varios gremios ya comenzaron a evaluar estrategias legales y de movilización, lo que podría derivar en un nuevo escenario de conflicto entre el movimiento sindical y el Ejecutivo nacional.
La medida se enmarca en un contexto de creciente tensión en las negociaciones salariales de varios sectores productivos y de servicios, donde el Gobierno busca establecer límites más precisos al ejercicio del derecho a huelga.
Diario Huarpe
