Que el Gobierno de San Juan tienda a adquirir productos y servicios que minimicen la utilización de los recursos naturales, la generación de materiales tóxicos y residuos, y que involucren la adopción de tendencias y estilos de vida con menor impacto ambiental es la idea central de un proyecto de ley que acaba de presentar el bloque del Partido Justicialista y ya se estudia en la Legislatura Provincial.
Se trata de una iniciativa de la ex ministra de Hacienda de San Juan y actual diputada, Marisa López, que busca crear el «Programa Provincial de Compras Sostenibles», que comprometa tanto a agentes públicos como empresas proveedoras, a adoptar una renovada mirada sobre la gestión de los procesos de compras y las normas vigentes.
«Me parece un proyecto muy interesante, ya lo establecía la ley 2000A (Ley de Contrataciones del Estado), que debíamos tender a tener compras sustentables. Vamos a ese tipo de economía más sustentable, sostenible y a implementar programas. Son programas progresivos, en los que vas pidiéndole a los proveedores que se capaciten, que empiecen a reconvertir en energías y esas cuestiones», explicó a TIEMPO DE SAN JUAN la legisladora. Dijo que espera buena recepción de su idea en el orreguismo y otros bloques pero que todavía no lo han charlado.
De acuerdo a los argumentos que presentó López, el desarrollo sostenible se ha convertido en un paradigma fundamental para abordar los desafíos globales que se enfrentan en el siglo XXI. Su importancia radica en la necesidad de equilibrar el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental, asegurando un futuro viable para las generaciones venideras.
El concepto de desarrollo sostenible, explica la legisladora, ganó prominencia con el Informe Brundtland de 1987, titulado «Nuestro Futuro Común». Este informe definió el desarrollo sostenible como aquel que «satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades».
Desde entonces, el desarrollo sostenible ha evolucionado, incorporando diversas perspectivas y enfoques. De hecho, forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por las Naciones Unidas en 2015.
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¿Cómo sería en la práctica? Las Compras Públicas Sostenibles (CPS) son un proceso mediante el cual las organizaciones públicas pueden satisfacer sus necesidades de bienes, servicios, trabajos e insumos de manera que obtengan valor por su dinero a lo largo de todo el ciclo de vida con el objetivo de generar beneficios no sólo para la organización, sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que reducen de manera significativa los impactos negativos sobre el ambiente.
La ex ministra uñaquista destaca que «el gasto público concentra un significativo poder adquisitivo, por lo que orientar este gasto hacia bienes y servicios más sostenibles contribuye con la transición hacia la innovación y la sostenibilidad».
López argumenta que esta idea va en línea con el perfil de la gestión orreguista. «El trabajo en ciencia y tecnología, capacitaciones, triple impacto, etc. han mostrado los avances en una temática que avanza y se perfecciona día a día. En estos días el Ministro de Producción se expresaba en los medios en la necesidad de adaptar las herramientas del Estado para acompañar a las empresas en su crecimiento: ‘Hay que orientar muchas veces las herramientas que gestionamos…’, ‘…la importancia de sostener políticas de Estado en materia minera, tanto en la provincia como a nivel nacional’, ‘…para el desarrollo de proyectos sostenibles…’.
Destaca también que «el objetivo de la Política de Compras Públicas Sustentables es propiciar, a través del poder de compra del Estado, la estimulación de la producción de bienes y servicios con innovación y el mejor desempeño económico, ambiental y socialmente responsable».
Y analiza que «el Estado, sin lugar a dudas, es uno de los compradores significativos en cualquier economía, atento a su función de garantizar servicios esenciales. La Compra Pública Sostenible es una herramienta poderosa que le permite al Estado no solo fortalecer el cumplimiento de sus compromisos en materia de sostenibilidad sino también actuar de manera responsable y contribuir al logro de los objetivos de Desarrollo Sostenible».
La diputada consigna que respecto del producto a adquirir, más allá de cumplir con especificaciones técnicas y requisitos legales y reglamentarios; es importante que las entidades contratantes incorporen, según su estrategia y objetivos, criterios de sostenibilidad en materia ambiental, económica y social a lo largo del ciclo de vida del objeto contractual a comprar.
Los detalles del proyecto de «compras sustentables»
Los destinatarios de la norma que se proponen son las personas que intervienen en las áreas de compras de las distintas dependencias del sector público provincial y también todos los proveedores que pretendan contrataciones con el Estado Provincial.
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A su vez, el Estado Provincial debe prever la capacitación en Compras públicas sostenibles, brindando conceptos básicos sobre compras sostenibles, la dinámica de la gestión de contrataciones públicas, la sustentabilidad y su aplicación en el ámbito del sector público.
En este marco, las metas que se plantea el proyecto de ley son:
- Fomentar el uso de indicadores de sostenibilidad en el sector productivo y comercial;
- Desarrollar mecanismos de difusión, comunicación e información sobre sostenibilidad, producción y consumo sostenible;
- Promover el desarrollo de empresas y proveedores sostenibles, que busquen atender objetivos sociales y ambientales a través de sus modelos de negocios.
- Formar y asesorar a comercios y empresas para que desarrollen relevamientos y diagnósticos de su desempeño social, ambiental y económico según determinados ejes de trabajo, y elaboren e implementen planes con metas y acciones concretas que contribuyan al logro de los objetivos propuestos por el Programa Provincial de Compras Públicas Sostenibles;
- Otorgar reconocimientos y beneficios que visibilicen y destacan el accionar de aquellas empresas y comercios que hayan implementado con éxito acciones de sostenibilidad.
- Informar y concientizar a la ciudadanía, sobre reducir su impacto en el ambiente y sus consecuencias sobre el cambio climático.
La iniciativa, si se convierte en ley, contempla como autoridad de aplicación al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, o el que en el futuro los reemplace. Esta autoridad de aplicación identificará las posibles aplicaciones de la sustentabilidad en las distintas etapas del proceso de contratación. Esto es, por ejemplo, en la elaboración de pliegos, evaluación de ofertas y ejecución de contratos, entre otros.
Por último, se invita a adherir a los municipios de San Juan a la norma.
TSJ
