La Cámara de Diputados aprobó este martes un dictamen que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, respaldada por los bloques del PRO, La Libertad Avanza, UCR, Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, establece una pena máxima de 15 años para delitos graves. Además, prioriza penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima y medidas de reparación del daño causado.
El proyecto también contempla la creación de institutos especializados para menores, donde se garantizará su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Se prohíbe terminantemente la convivencia con detenidos mayores. El personal de estos centros deberá estar especializado en infancia y adolescencia.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, destacó que el dictamen refleja un trabajo legislativo de consenso. «El despacho arribado es un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad», afirmó.
Por su parte, la diputada Varinia Marín expresó sus dudas sobre la capacidad del gobierno para invertir en la construcción de establecimientos adecuados para menores. «¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo», señaló.
El diputado Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, explicó que el proyecto propone un sistema de aplicación de penas progresivo y razonable. «Este dictamen rechaza ese eslogan mentiroso y despreciable de que al delito de adulto le corresponde pena de adulto», destacó.
El nuevo régimen penal también contempla intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de que se requiera internación, se notificará al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.
El proyecto ahora se encuentra en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. Su aprobación marcaría un avance significativo en la reforma del Régimen Penal Juvenil en Argentina.
Diario Huarpe
