La respuesta fácil —y la que más se escucha— tiene dos caras. Por un lado, la del trabajador: se pierden puestos de trabajo, desaparece el ingreso, se rompe una rutina. Por el otro, la del inversor: se evapora el capital puesto en maquinaria e infraestructura, se licúan años de decisiones empresariales, y los socios y accionistas absorben pérdidas que muchas veces no tienen retorno. Y, además, la señal que queda para quienes podrían invertir en el futuro es devastadora: ¿para qué apostar en un país que no protege lo que se construye?
Todo eso es cierto, y merece ser discutido con seriedad. Pero me parece que incluso esa respuesta se queda corta. Muy corta. Porque cuando una fábrica cierra, no solo desaparece un empleo ni se pierde un capital: desaparece una forma de vida, un tejido social que tardó décadas en construirse y que, una vez roto, no se repara fácilmente. En definitiva, se rompen sueños, ilusiones, apuestas y esfuerzos de ambos lados.
En 2024, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Argentina registró la mayor caída de actividad manufacturera del mundo, quedando en el último puesto entre 79 países relevados. No entre los peores. El último. A su vez, un informe del INDEC mostró que en 2025 la industria funcionó al 53,8% de su capacidad instalada, incluso peor que en 2024. Esto significa que casi la mitad de la infraestructura productiva del país estuvo ociosa.
Detrás de ese número hay personas concretas: el dueño de una pyme que vio perjudicado su negocio por la competencia desleal derivada de la apertura indiscriminada de importaciones, sumado a la modificación de las condiciones para producir —como el aumento de luz, agua, energía y transporte— y a una política económica que terminó favoreciendo a los productos importados. También está el técnico que se quedó sin empleo ni oficio, el proveedor que perdió a su principal cliente. El freno a programas de desarrollo sectorial y la caída del consumo interno produjeron una contracción que, como señalan desde Misión Productiva, podría comprometer el crecimiento del país durante muchos años.
La mayoría de los sectores de producción local —como muebles, maquinaria, minerales no metálicos, textiles, automotriz y alimentos— sufrieron caídas que superaron largamente ese promedio. Son actividades que emplean personas reales, en ciudades reales, con familias que hoy atraviesan una situación desoladora.
En este punto hay algo que a veces olvidamos cuando miramos la economía solo desde los números: el empleo industrial no es simplemente el mecanismo por el cual una persona recibe dinero a cambio de horas trabajadas. El trabajo —en especial el trabajo industrial, el oficio— es identidad. Es pertenencia. Es el lugar donde alguien aprende que es capaz, que tiene un rol en la sociedad, que su esfuerzo importa.
El operario que durante veinte años trabajó en una metalúrgica no solo perdió su fuente de ingresos cuando esa planta cerró. Perdió la certeza de saber quién es. Perdió el ritual de levantarse con un propósito, la relación con sus compañeros, el orgullo de hacer algo concreto con sus manos. Eso no aparece en ninguna estadística, pero se siente en cada barrio donde eso pasó.
Y cuando eso le ocurre a cientos o a miles de personas al mismo tiempo, el barrio entero cambia. Los negocios que vivían de esos trabajadores cierran. Las escuelas pierden matrícula. Los clubes de fútbol no pueden pagar la luz. La vida comunitaria se contrae. No de golpe, sino lentamente, de la manera más silenciosa.
Hay una conexión directa entre ese deterioro y la destrucción del aparato productivo. La industria no solo genera empleo: genera valor agregado, genera recaudación y sostiene la capacidad del Estado de financiar servicios públicos. Cuando se desarticula esa cadena, el daño no aparece de un día para el otro. Pero aparece. Y cuando aparece, lo hace en la vida cotidiana.
Podemos importar heladeras, zapatillas, autopartes y electrodomésticos. Lo que no podemos traer de afuera es la capacidad de una sociedad para sostenerse a sí misma, la autoestima colectiva que surge de producir, ni la red de contención que construyen generaciones de trabajo formal y estable.
Cuando desmantelamos nuestra base productiva, no solo nos volvemos dependientes de lo que otros fabrican, sino también de las decisiones que otros toman. Y esa dependencia tiene un precio que se paga en moneda dura, pero también en algo más difícil de recuperar: la capacidad de imaginar un futuro propio.
La realidad es que millones de argentinas y argentinos ven hoy su vida más difícil, más incierta y más frágil. No solo porque tienen menos dinero —aunque eso también es cierto—, sino porque se desarmaron las estructuras que organizaban su vida y su identidad, sin que nada las reemplazara.
Ser el último país del mundo en producción industrial no es un dato más. Es una señal. Y las señales, cuando se ignoran durante demasiado tiempo, terminan convirtiéndose en consecuencias.
Esa es la deuda que no aparece en el balance fiscal. La que más nos va a costar.
Porque cuando una nación naturaliza el cierre de fábricas como si fuera un simple ajuste estadístico, está aceptando algo mucho más grave: está resignando su capacidad de decidir su propio destino. La industria no es una variable más del Excel macroeconómico: es soberanía económica, es cohesión social, es futuro. Y si no entendemos que cada persiana que baja es una parte del país que se apaga, el costo que hoy parece fiscal o financiero terminará siendo histórico.
* Alejandro Kim es abogado y empresario
por Alejandro Kim
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