El Juzgado de Control N.º 4 condenó este jueves a Cristian Joaquín Pacha, de 68 años, a seis años y ocho meses de prisión e inhabilitación para conducir por diez años, por el siniestro vial ocurrido el 12 de septiembre de 2024 en avenida Chacabuco de la ciudad de Córdoba. La jueza Anahí Hampartzounian consideró que el hecho tuvo carácter doloso y que el acusado tenía plena conciencia del riesgo al que expuso a terceros.
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Ese día, cerca de las 13 horas, Pacha conducía un Toyota Corolla SEG Hybrid cuando perdió el control del vehículo. Embistió a seis autos, dos motos y varios peatones en la intersección de Chacabuco e Illia. El saldo fue de 30 personas heridas, una de ellas en estado crítico. Las pericias posteriores confirmaron que el conductor ocultó información médica en la declaración jurada de renovación de su licencia de conducir, pese a tener antecedentes de desvanecimientos, convulsiones y otros trastornos neurológicos.
Durante la audiencia oral en Tribunales II, la jueza adelantó las razones del fallo, aunque los fundamentos legales completos se conocerán el 30 de mayo a las 13 horas. Rechazó el pedido de la defensa de calificar el hecho como imprudente o culposo, al considerar que el resultado era previsible y que el acusado tenía la obligación de evitarlo. «Sabía que tenía epilepsia, al menos tres médicos le habían indicado que no debía conducir y, aun así, falseó información para obtener el carnet», sostuvo Hampartzounian.
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Según la investigación del fiscal Ernesto de Aragón, entre 2020 y 2024, Pacha sufrió varios episodios de descompensación, incluido uno en abril de 2024, que demandó internación. Al recibir el alta, una médica le recomendó expresamente que no manejara más, advertencia que también quedó asentada en su historia clínica.
El fiscal indicó que el acusado falseó la declaración jurada de salud en febrero pasado, omitiendo patologías y tratamientos médicos. Esta conducta, sumada a antecedentes viales y una actitud de indiferencia ante el riesgo, llevó a la jueza a mantener la calificación dolosa y a considerar improcedente una reducción de la pena, aun habiendo alcanzado un acuerdo resarcitorio con las víctimas. «No puede existir un tratamiento privilegiado para quienes cuentan con capacidad económica para reparar los daños», remarcó.
Si bien el acusado negó los hechos durante la indagatoria y prefirió no declarar, continuará cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria, medida dispuesta por la jueza debido a su estado de salud: presenta problemas cardíacos, hipertensión y limitaciones físicas que, según la magistrada, no pueden ser adecuadamente atendidas en un establecimiento penitenciario.
El caso dejó al descubierto fallas en el control de aptitudes psicofísicas para obtener o renovar el carnet de conducir y reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de quienes, con conocimiento de sus condiciones médicas, deciden ponerse al volante.
Perfil Córdoba
