La Justicia Federal de Córdoba ratificó el embargo por más de 424 mil dólares sobre los bienes del exlegislador Oscar González y sus hijos, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La medida fue adoptada mientras el dirigente continúa bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.
El expediente, impulsado por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian, se originó en una denuncia presentada en 2024 por la legisladora Luciana Echevarría. La acusación apunta a que González habría transferido parte de su patrimonio a sus hijos tras el siniestro vial por el que fue investigado en la Justicia provincial.
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Según la Fiscalía, el exfuncionario no logró justificar el incremento en su patrimonio con los ingresos percibidos como legislador, por lo que se solicitó su detención —concedida en febrero bajo modalidad domiciliaria— y el embargo de bienes por un valor estimado en 424.095,89 dólares.
La resolución fue confirmada por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Abel Sánchez Torres, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi, quienes rechazaron los planteos de la defensa. Los abogados del exlegislador, Miguel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán, habían apelado la medida alegando falta de sustento en la determinación del monto embargado y cuestionando la presunta relación entre las transferencias patrimoniales y la causa judicial.
Sin embargo, los camaristas entendieron que el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja brindó fundamentos suficientes para justificar la medida, que fue tomada en carácter preventivo. Además, remarcaron que el monto embargado es estimativo y podrá ajustarse conforme avance la investigación sobre las operaciones económicas en cuestión.
Entre los bienes alcanzados por la medida figuran aquellos que habrían sido transferidos a los hijos de González —Oscar Martín, Ana Carolina y Diego Raúl— mediante donaciones realizadas durante el proceso judicial por el siniestro vial. En caso de no encontrarse activos suficientes, también se ordenó la inhibición general de bienes.
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El juez Vaca Narvaja había sostenido en su fallo que existen elementos suficientes para sospechar la existencia de los delitos investigados y la posible participación de González en los mismos. Asimismo, justificó la prisión domiciliaria por la persistencia de riesgos procesales, como el entorpecimiento de la causa o la posibilidad de fuga.
Pese a los intentos de la defensa por desacreditar la medida cautelar, la Cámara respaldó la actuación del juez de primera instancia y dejó firme tanto el embargo como la prisión domiciliaria.
Perfil Córdoba
