Este jueves, el exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, presentó su descarto ante el Tribunal de Cuentas, que lo investiga por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos en el municipio y que por eso objetó los balances del ejercicio del 2023, último año de la gestión del entonces uñaquista. Aún más importante, hoy se conoció que el organismo público que audita los números del Estado aceptó el pedido de recusación que hizo el exjefe comunal contra el presidente y el vocal permanente del Tribunal, Pablo García Nieto y Juan Flores, respectivamente, así como también a la fiscal María Inés Coll.
Baistrocchi pidió la recusación el pasado 9 de junio. Estuvo en manos del resto de las autoridades del Tribunal: el giojista Elio Frack, el bloquista disidente Enrique Conti, el bloquista oficialista Daniel Pérez Celedón. Aunque parecía que la presentación podía quedar en la nada, el vicepresidente y los dos vocales definieron que se inicie el proceso de cuestionamiento contra García Nieto y Flores, que ahora deberán generar un informe para defenderse. Tienen un plazo de tres días para negar los motivos para su recusación.
El exintendente entiende que los dos tuvieron y tienen una fuerte ligazón con el senador nacional Sergio Uñac, con quien está enemistado políticamente desde fines el 2023. El primero fue un estrecho colaborador y jefe del bloque Justicialista durante la gestión uñaquista; el segundo sencillamente fue el secretario General de la Gobernación. Ergo, argumenta que ambos actúan de forma política contra su figura. La recusación apunta directamente a la manipulación del sistema de control, señalando una “asignación dirigida” y un uso político del Tribunal por parte de sectores vinculados al exgobernador Uñac.
Este jueves, Baistrocchi presentó un documento de 37 páginas en donde expone su descargo, ofrece sus pruebas y formula reservas. El exintendente cuestiona la legitimidad, la lógica y la competencia de las decisiones del Tribunal, lo que refleja una profunda disconformidad con su accionar y fundamentación de las objeciones que recibieron los balances de su último año de gestión al frente de la Capital.
Entre algunas de las consideraciones del exintendentes está que el acta N.º 8.495/25 del Tribunal adolece de un «vicio estructural» y «falta de congruencia lógica y jurídica» entre lo motivado en sus considerandos y lo resuelto. Señala que la resolución no define el supuesto perjuicio fiscal, no explica el daño al erario público, ni identifica el acto que lo generó y critica que el Tribunal omite señalar la normativa específica supuestamente infringida, lo que vulnera los principios de legalidad, razonabilidad y el derecho de defensa. También enfatiza que un acto administrativo debe ser un conjunto lógico y armónico, con una correspondencia directa entre lo que se resuelve y lo que se fundamenta.
El descargo completo
TSJ
